Dada la connotación pública que ha adquirido las tomas de amplios terrenos en Arica, principalmente en el sector de Cerro Chuño, en los valles y en el humedal del río Lluta, entre otros sectores, el senador José Miguel Durana se reunió con el fiscal regional, Mario Carrera, en dependencias del Ministerio Público.
En este sentido, el legislador gremialista lamentó que aun cuando el delito de usurpación haya sido aprobado en la Comisión de Seguridad Pública, hasta ahora no haya sido puesto en tabla en el Senado porque modificando las sanciones a este delito, ayudaría a evitar que las personas que se apropien de terrenos sean detenidas y queden con penas privativas de libertad.
Precisó que, en cuanto a la idea de legislar sobre esta materia, el Ministerio Público a nivel nacional considera adecuada la iniciativa, por cuanto se ha constatado que las víctimas de ocupaciones ilegales de inmuebles constitutivas del delito de usurpación enfrentan serias dificultades para obtener la restitución inmediata – o en el lapso más breve posible -, en razón de los problemas que se presentan con la normativa vigente.
“Hay sectores de nuestra ciudad en donde están generándose focos de delincuencia que tienen atemorizados a nuestra población, sumado al alza en la tasa de homicidios y en el nivel de violencia en la comisión de delitos, situación muy sensible para una población acostumbrada a la tranquilidad y a la convivencia pacífica”, puntualizó el legislador.
SISTEMA DE TURNO DE FLAGRANCIA
En la oportunidad, el fiscal regional, presentó al senador el nuevo sistema de turno de flagrancia y modernización, que trata de un trabajo mancomunado entre las Fiscalías Regionales Occidente y de Arica y Parinacota, las que reciben de manera conjunta las denuncias respecto a los delitos que ocurren en ambas jurisdicciones.
De esta forma y mediante un solo equipo, compuesto por funcionarias de ambas fiscalías regionales se dictan las primeras instrucciones y diligencias tanto a Carabineros, como a la PDI, permitiendo de esta forma desarrollar un trabajo coordinado para enfrentar los delitos.
Senador se reúne con fiscal regional para expresar su preocupación por tomas ilegales en Arica y critica que Cámara Alta no priorice proyecto de usurpación
Dada la connotación pública que ha adquirido las tomas de amplios terrenos en Arica, principalmente en el sector de Cerro Chuño, en los valles y en el humedal del río Lluta, entre otros sectores, el senador José Miguel Durana se reunió con el fiscal regional, Mario Carrera, en dependencias del Ministerio Público.
En este sentido, el legislador gremialista lamentó que aun cuando el delito de usurpación haya sido aprobado en la Comisión de Seguridad Pública, hasta ahora no haya sido puesto en tabla en el Senado porque modificando las sanciones a este delito, ayudaría a evitar que las personas que se apropien de terrenos sean detenidas y queden con penas privativas de libertad.
Precisó que, en cuanto a la idea de legislar sobre esta materia, el Ministerio Público a nivel nacional considera adecuada la iniciativa, por cuanto se ha constatado que las víctimas de ocupaciones ilegales de inmuebles constitutivas del delito de usurpación enfrentan serias dificultades para obtener la restitución inmediata – o en el lapso más breve posible -, en razón de los problemas que se presentan con la normativa vigente.
“Hay sectores de nuestra ciudad en donde están generándose focos de delincuencia que tienen atemorizados a nuestra población, sumado al alza en la tasa de homicidios y en el nivel de violencia en la comisión de delitos, situación muy sensible para una población acostumbrada a la tranquilidad y a la convivencia pacífica”, puntualizó el legislador.
SISTEMA DE TURNO DE FLAGRANCIA
En la oportunidad, el fiscal regional, presentó al senador el nuevo sistema de turno de flagrancia y modernización, que trata de un trabajo mancomunado entre las Fiscalías Regionales Occidente y de Arica y Parinacota, las que reciben de manera conjunta las denuncias respecto a los delitos que ocurren en ambas jurisdicciones.
De esta forma y mediante un solo equipo, compuesto por funcionarias de ambas fiscalías regionales se dictan las primeras instrucciones y diligencias tanto a Carabineros, como a la PDI, permitiendo de esta forma desarrollar un trabajo coordinado para enfrentar los delitos.